Las comunidades indígenas, las grandes perjudicadas por los enfrentamientos ambientales

Las zonas más peligrosas para pelear por los derechos medioambientales son América Central y Sudamérica: en Guatemala, por servirnos de un ejemplo, en solo doce meses se han quintuplicado los asesinatos de líderes ambientales. Estas muertes están relacionadas con enfrentamientos por el empleo de los recursos naturales, en su mayoría relacionados con la agricultura, la minería y las grandes hidroeléctricas. El fracking o bien fractura hidráulica es otro negocio que asimismo está comenzando a producir grandes enfrentamientos, como por servirnos de un ejemplo en muchas zonas de México. Estas ideas cuentan, en numerosas ocasiones, con el apoyo gubernativo e inclusive judicial, y en los países con más inconvenientes de corrupción los líderes ambientales tienen considerablemente más probabilidades de ser asesinados. Muchos de estos crímenes, además de esto, quedan impunes.

El derecho a la tierra

“Aunque la patentiza es cada vez mayor de que los territorios indígenas son del mismo modo o bien más efectivos para preservar los  bosques que las áreas protegidas administradas por el Estado, la continua falta de derechos, la opresión y la marginación y la liberalización de la inversión externa quiere decir que estos conjuntos están más sujetos a la violencia con impunidad”, apuntan en el trabajo publicado en Nature Sustainability.

Conforme sus datos, los pueblos indígenas administran o bien tienen derechos sobre cuando menos treinta y ocho millones de quilómetros cuadrados a nivel del mundo, lo que supone un cuarto de la superficie terrestre que se solapa con cerca del cuarenta por ciento de las áreas terrestres protegidas o bien paisajes ecológicamente íntegros.

Con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se festeja en el mundo entero el nueve de agosto, la organización Coalición por la Solidaridad recuerda que el Acuerdo ciento sesenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas ni tan siquiera se está aplicando en países donde se ha ratificado. La entidad cita como un ejemplo el caso de las comunidades indígenas perjudicadas por la hidroeléctrica RENACE sobre el Río Cahabón, de Alta Verapaz (Guatemala). Si bien un fallo judicial fuerza a efectuar una consulta popular, esta todavía no se ha realizado, a pesar de que la obra ya está prácticamente terminada (en la fotografía superior vemos a Ana Rutilia Ical, defensora de la tierra que interpuso el recurso de amparo frente a la Corte Suprema de Justicia y que ahora es objeto de acosos y campañas de difamación contra ella y sus hijas)

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